By La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México revisará cada uno de los casos de los 77 trabajadores despedidos que esta mañana impidieron el ingreso de los diputados al recinto legislativo.
Así lo informó el presidente de la Junta, Ricardo Ruiz Suárez, quien comentó que la revisión se hará de manera “puntual” para solucionar la problemática que llevó a que esta mañana los diputados no pudieran entrar a la sede del Congreso.
“Lo que debe quedar claro es que el problema central es que hubo basificaciones en la última legislatura de la (entonces) Asamblea Legislativa y que no se hicieron de manera adecuada porque no se respetó el escalafón”, expuso en entrevista el líder de Morena en el Congreso local.
“Es decir, no se hicieron a pie de rama, más arriba o no se reunieron requisitos de tiempo, o bien no se propuso paritariamente por sindicato, y todo eso trae problemas al Congreso porque implica una erogación muy fuerte y además demandas y puede haber muchos otros trabajadores”, señaló.
Ruiz Suárez recordó que cuando los diputados tomaron posesión en septiembre pasado, “muchos trabajadores no pidieron que interviniéramos porque había basificados sin fundamento”.
“Muchos decían que tenían más tiempo y no los basificaron y tuvimos que hacerlo, entonces fue una petición de los trabajadores y no fue decisión nuestra”, señaló.
Aclaró que no consideran la calidad del trabajador ni la antigüedad, “tampoco estamos planteando que sean malos trabajadores, no; sino lo único que estamos diciendo fue que la forma en que se basificó no fue la adecuada”.
Para el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe Echartea, estas personas tiene derecho a manifestarse y aclaró que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política dispone que la Oficialía Mayor actué conforme a la ley”.
En tanto, el diputado Jorge Gaviño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió se revise cada caso y aclaró que según los cesados, no se les notifico, se les hizo el retiro de su tarjeta (checadora) y se les suspendieron sus pagos.
“Si fuese el caso, es irregular, pues a cada uno de los trabajadores se les tiene que dar un documento donde se funde y motive el acto de autoridad por parte de la Oficialía Mayor o en su caso, del Comité de Administración”, apuntó.
Señaló que lo que van a revisar es la legalidad desde el Congreso y actuar en consecuencia, pues “no podemos juzgar y decir que todos fueron irregulares. Los revisaremos y dejaremos una mesa permanente en tanto tengamos un dictamen jurídico para poder actuar como Congreso”, concluyó.
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