Ante la declaratoria de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en noviembre de 2016, tanto el Ejecutivo como el Legislativo debieron activar todos los mecanismos para contener esta situación, sin embargo, no fue así.
Una de las recomendaciones internacionales para enfrentar estas epidemias es implementar las medidas regulatorias necesarias que permitan a la población disminuir el consumo de alimentos y bebidas altamente procesados ya que en México están muy presentes y la evidencia científica es clara en mostrar que su consumo daña la salud.
Por lo general, la formulación de dichas medidas se ha concentrado en la actuación del titular de la Administración Pública Federal; sin embargo, el Poder Legislativo en México también es corresponsable en el tema y tiene atribuciones para participar en su implementación, como lo han hecho en naciones como Chile y Perú.
En las dos últimas Legislaturas (LXII 2012-2015 y LXIII 2015-2018) pese a haberse propuesto un total de 53 iniciativas para regular el consumo de alimentos y bebidas no saludables y con ello prevenir la obesidad y diabetes, al final el 56% de los casos fueron aplazados mientras que 36% fueron desechados en dicho periodo, así lo demostró el estudio titulado: La ¿(O)posición? Legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas realizado por la consultora PROBATIO S.C.
El estudio presentado junto con la organización El Poder del Consumidor tomó en cuenta 53 iniciativas relacionadas con los siguientes temas: regular la oferta y disponibilidad de alimentos y bebidas no saludables (13), la tributación de esos productos (9), el etiquetado y la información nutricional en los embalajes (14), la inclusión de advertencias sanitarias (9) y la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida en especial a la audiencia infantil (8). Estas medidas requieren por ende la regulación de la gran industria de bebidas y alimentos (IAB) por lo que se incluyó esta variable en el estudio.
De estas 53 iniciativas favorables a las políticas de salud y nutrición presentadas por los miembros del Congreso, solo dos fueron aprobadas y se relacionaron con llevar a la ley regulaciones realizadas por el ejecutivo referidas a los alimentos y bebidas en las escuelas. Una explicación posible del pobre desempeño que tuvieron las iniciativas legislativas analizadas (dictámenes pendientes de discusión o iniciativas desechadas) y que al final ampararon los intereses de la IAB, pudiera haber sido la falta de experiencia legislativa de quienes las presentaron.
Sin embargo, el análisis de este elemento mostró que eso no ocurrió debido a la falta de conocimientos legislativos ya que la mayoría de las iniciativas fueron propuestas por congresistas que disponían de experiencia parlamentaria previa (61.5% de los casos).
Otra explicación es que el resultado de las iniciativas y su correspondiente tratamiento en Comisiones se relaciona con conflictos de interés y con la presencia recurrente de vínculos entre legisladores, la industria y sus aliados. Por esta razón, se incorporó como otro elemento de análisis la revisión del «perfil curricular» de los 385 integrantes de las Comisiones dictaminadoras de las iniciativas relacionadas con los cinco rubros de interés.
El estudio encontró vínculos directos entre legisladores y esta gran y poderosa industria, así como con instancias de cabildeo que representan sus intereses, empresas afines y que replican los intereses de la IAB o grupos industriales que son portavoces y a los cuales están afiliados (por ejemplo, las cámaras de comercio).
Los resultados indican que todas y cada una de las cinco Comisiones que intervinieron en la valoración de estas iniciativas (en ambas Legislaturas), contaron con integrantes vinculados con la IAB además de que la presencia de vinculaciones tendió al alza entre 2015 y 2018. Con base en ello, el estudio afirma que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su actuación colectiva (Comisiones) como individual (legisladores), adoptó una posición desfavorable a las políticas de salud y nutrición reflejando que amparó los intereses de la IAB, pese a los daños tangibles asociados a la ingesta de bebidas azucaradas y alimentos no saludables.
Estos hechos no distan de lo ya ocurrido en la anterior administración donde organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria como el Poder del Consumidor han denunciado que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud invitaron a la industria a sentarse a evaluar las políticas de obesidad cuando son esas empresas las que deben ser evaluadas. Además, este vínculo permitió que se estableciera un etiquetado frontal diseñado por la propia industria, que no es entendible ni siquiera por los estudiantes de nutrición.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor declaró: “En nuestro país, las dos legislaturas anteriores, COFEPRIS y la Secretaría de Salud fueron cooptadas por la industria, mientras que, en otros países, el poder legislativo ha actuado. En Chile, por ejemplo, tienen en este momento una regulación con etiquetados muy claros para poder hace elecciones más saludables y cuentan con una regulación que no permite ningún tipo de publicidad dirigida a la infancia de alimentos y bebidas que no sean saludables gracias al trabajo legislativo. Lo mismo ha hecho el legislativo peruano”.
Por todo lo anterior, la sociedad civil hizo un llamado a la actual Legislatura para atender la obesidad y la diabetes con seriedad, promoviendo políticas que pese a interferir con los intereses de la gran industria de alimentos y bebidas, protegen la salud de los mexicanos.
