By El conflicto diplomático entre China y Canadá, que inició en diciembre pasado tras la detención de la directora financiera de Huawei, ha escalado hasta llegar a la condena a muerte de un canadiense arrestado en Beijing y el intercambio de advertencias de viaje para sus ciudadanos.
Meng Wanzhou, hija del fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, fue arrestada el pasado 1 de diciembre durante una conexión de vuelos en el aeropuerto de Vancouver, Canadá, a petición del gobierno de Estados Unidos, que busca su extradición.
Washington acusa a Meng de usar la empresa SkyCom, una subsidaria del gigante tecnológico chino para enviar productos elaborados en Estados Unidos a Irán, violando las sanciones impuestas contra la nación islámica. De ser encontrada culpable sería condenada hasta 30 años de prisión.
Tras el arresto de Meng, el gobierno de China pidió a Canadá su liberación inmediata y le advirtió que de no hacerlo habría graves consecuencias, además de calificar la detención de “extremadamente ofensiva e ilegal”.
Incluso el Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista de China, calificó el arresto como una “seria violación a los derechos legales y razonables de los ciudadanos chinos. Las formas son inaceptables, las justificaciones irracionales, y todo ello es vil e inaceptable”.
Por su parte, el gobierno de Canadá ha señalado que no existe ninguna interferencia política en la detención de la ejecutiva de Huawei y que el proceso de extradición se desarrolla de acuerdo con el estado de derecho.
Según fuentes de la embajada canadiense en Washington, Estados Unidos pedirá la extradición de la hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, sin precisar fecha. El plazo para presentar la solicitud es el 30 de enero o 60 días después del arresto de Meng, quien se encuentra libre bajo fianza.
En lo que analistas consideran medidas de represalia, días después del arresto de Meng, las autoridades de China detuvieron en Beijing, en acciones distintas, a los canadienses Michael Kovrig (exdiplomático) y Michael Spavor (empresario) acusados de poner en riesgo la seguidad nacional del país asiático.
Kovrig se desempeñaba como analista senior sobre Asia Nororiental del independiente International Crisis Group (ICG), mientras que Spavot estaba al frente la organización Paektu Cultural Exchange, que promueve la inversión y el turismo en Corea del Norte.
En respuesta, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que su gobierno estaba buscando respuestas y que se tomaba muy en serio el asunto.
El pasado 20 de diciembre, las autoridades chinas confirmaron también la detención de una canadiense que fue sancionada administrativamente por trabajar de manera ilegal en el país. Medios locales identificaron a la mujer como Sarah McIver, quien trabajaba como profesora en la nación asiática.
Tras darse a conocer el caso de McIver, Trudeau afirmó que el caso “parecía” ser diferente al de los otros dos detenidos con anterioridad y no parece tener relación con la seguridad nacional china.
Defendió la postura de no criticar de forma pública a China por estos arrestos para evitar agravar la situación de los detenidos en el país asiático.
Sin embargo, el pasado 15 de enero, Trudeau calificó como “arbitraria” y extremadamente preocupante, la decisión de la Justicia de China de condenar a muerte al canadiense Robert Lloyd Schellenberg por cargos de narcotráfico.
Un tribunal de la nororiental provincia china de Liaoning condenó a muerte a Schellenberg, invalidando la sentencia original de 15 años, dictada en noviembre pasado por considerar que era “demasiado indulgente”.
“Es de extrema preocupación para nosotros, como gobierno, así como debería serlo para todos nuestros amigos y aliados internacionales, que China haya elegido empezar a aplicar arbitrariamente la pena de muerte”, dijo Trudeau al emitir un advertencia de viaje para sus ciudadanos.
China exigió a Trudeau que respetara su legislación y dejara de hacer comentarios irresponsables, por lo que la cancillería emitió una advertencia de seguridad a sus ciudadanos que tuvieran previsto viajar a Canadá ante el riesgo de ser detenidos de “manera arbitraria” a petición de un tercer país.
En lo que parece un nuevo acto de represalia, el 16 de enero pasado la ciudadana canadiense Ti-Anna Wang y su familia fueron detenidos por un par de horas por autoridades chinas de seguridad en su tránsito por el Aeropuerto Internacional de Beijing, sin que les permitieran usar el celular o contactar a su embajada.
El conflicto entre Canadá y China se da en momentos en que Huawei se ha convertido en un gran competidor comercial al colocarse en uno de los mayores proveedores de equipos y servicios de telecomunicaciones en el mundo, superando incluso a la estadunidense Apple, y es el segundo fabricante de teléfonos inteligentes después de la surecoreana Samsung.
Huawei, fundada en 1987, también ha sido acusada por legisladores estadunidenses de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos, bajo el argumento de que su tecnología podría ser utilizada por el gobierno chino para espionaje.
Washington ha compartido esas preocupaciones con las naciones de Europa, donde este año se implementarán las redes 5G, un mercado buscado por el gigante chino que ha firmado contratos con empresas como Deutsche Telekom AG y Vodafone Group Plc.
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