Juan Guaidó, juramentado como presidente encargado de Venezuela, confía en que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador lo reconozca y ayude a solucionar el conflicto político que vive el país.
“Espero mucho más en este momento (…) que colaboren para solucionar la crisis política y humanitaria que vive Venezuela, en que nos ha sumergido la corrupción y la violación de derechos humanos, bandera además que tuvo Andrés Manuel López Obrador, así que estoy seguro de que el Presidente López Obrador hará lo correcto”, afirmó.
En América Latina, México y Uruguay no han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela y han optado por llamar al diálogo.
Ayer, en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Venezuela, el representante de México ante el organismo, Juan José Gómez, dijo que el país “exige la búsqueda de una solución pacífica y democrática ante el complejo panorama que enfrenta Venezuela”.
Por su parte, Guaidó saludó la posición de España, Francia, Alemania, que dieron un ultimátum a Nicolás Maduro para convocar a elecciones en los próximos ocho días y que, de no hacerlo, reconocerán al gobierno interino. “Es precisamente el objetivo de una presidencia encargada”, dijo.
El político de 35 años, reiteró que nuevos comicios ameritarán condiciones que ofrezcan garantías de transparencia. “Para farsas no nos vamos a prestar y mucho menos en un momento donde hay una capacidad muy importante de lograr el cambio en el país”, señaló.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, dijo que las elecciones en Venezuela ameritan nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y la selección de un candidato unitario.
Juan Andrés Mejía, también diputado, dijo que la organización de elecciones puede tomar meses y que por ello uno de los objetivos que se ha planteado el Parlamento, es el establecimiento de un gobierno de transición y buscar la llegada de ayuda humanitaria.
Guaidó y otros diputados participaron ayer en una consulta pública sobre una ley de amnistía para militares y civiles que colaboren en la restitución del orden constitucional, cuyo anteproyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el 22 de enero.