Ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa no es la vía para combatir la inseguridad y la corrupción, lo que se requiere son ministerios públicos y un sistema judicial fuertes, que funcionen en cada una de las etapas procesales, afirmó la vicecoordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña.
En el marco de la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa, la legisladora sostuvo que la ONU y la CIDH, han sugerido que esta medida no es la herramienta adecuada para contrarrestar la incidencia delictiva.
En un comunicado, dijo que, según estos organismos internacionales, “la respuesta es que necesitamos un Sistema Judicial y Ministerios Públicos fuertes y que funcione cada una de las etapas procesales”.
“La propuesta que se está haciendo desde el Ejecutivo Federal de tener un catálogo más amplio de delitos graves no es la discusión, no es qué delitos son más graves y cuáles no, sino cuándo se tiene que aplicar la prisión preventiva oficiosa”, precisó.
En ese sentido, Juárez Piña anunció que el PRD presentará una iniciativa para dar respuesta a esta problemática y que se termine con “la puerta giratoria”, que es el principal problema y la exigencia más importante de la gente.
“Lo que ha ocurrido hasta este momento es que de 10 personas detenidas solamente dos o tres llegan a tener una determinación por parte de un juez, lo que significa que en ese trance de que son detenidas y presentadas ante la autoridad, muchas no llegan a una sentencia porque en ese lapso puede haber actos de corrupción”, explicó.
Subrayó que la discusión no se basa en cuáles son delitos graves y cuáles no, sino en cómo se combaten, por lo que insistió en la necesidad de darle elementos al ministerio público y al juez para que en todo caso, aquellos que cometan algún delito, puedan llegar a proceso y determinar su circunstancia sin violar los derechos humanos y el marco convencional.
Frente a quienes ponen como ejemplo que los lamentables hechos de Tlahuelilpan, Hidalgo y confirman la necesidad de convertir al robo de combustible en un delito grave, afirmó que “si fuera así, entonces todas las personas que participaron tendrían que ser detenidos y a todas se les estaría enjuiciando”.
“Lo que tenemos que hacer es dejar de criminalizar a la pobreza, porque lo que queremos es que estén en la cárcel los verdaderos delincuentes, a funcionarios corruptos, a quienes han saqueado a nuestro país, a los homicidas”, apuntó.
Resaltó que con la ampliación de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, “a los que estaríamos encarcelando serían a todos aquellos que por alguna circunstancia delinquen, no tienen una defensa como debería de ser, ni recursos para enfrentar un juicio de estas características”.
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