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Promoverá PRD juicio político contra exdiputados locales de BC que aprobaron la “Ley Bonilla”

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La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, anunció que su bancada promoverá una solicitud de juicio político en contra de los exlegisladores locales de Baja California que aprobaron la reforma constitucional que amplía el mandato del próximo gobernador de esa entidad, conocida como “Ley Bonilla”.

En un comunicado, en el marco de la reunión plenaria de su grupo parlamentario realizó en el Senado de la República, aseveró que su partido insistirá, por todas las vías legales a su alcance, en anular la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del siguiente Ejecutivo estatal.

Asimismo, Juárez Piña señaló que promoverán la solicitud de juicio político al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre.

Anunció que su bancada, además, participará en el “éxodo por la democracia” que encabezará –de Tijuana a la Ciudad de México– Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura de Baja California, en la segunda semana de octubre “para demandar a los Poderes de la Unión detener esta afrenta a la legalidad”.

Lamentó que se tenga que llegar a este tipo de acciones para defender el Estado de derecho y la constitucionalidad.

“No tenemos de otra cuando no hay respuestas sólidas, cuando hay oídos sordos y cuando hay una intención de vulnerar el Estado de derecho por parte de Jaime Bonilla Valdez (gobernador electo de Baja California)”, externó.

Aseguró que hay un gran cúmulo de evidencias no sólo para que proceda el juicio político contra los exdiputados que se prestaron a la maniobra de Bonilla Valdez, sino también para procesarlos penalmente.

“Hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Solicitamos los videos del lugar donde se reunieron para hacer el reparto del dinero, donde se habla de 200 mil a 400 mil dólares por diputado o por diputada para aprobar la “Ley Bonilla”, para ampliar el plazo del periodo gubernamental de dos a cinco años”, afirmó.

Reiteró que es igualmente ilegal la “consulta popular” que la nueva Legislatura del Congreso de Baja California, con mayoría del partido Morena, pretende realizar, pues tal figura no está prevista en la Constitución local para reformas a su propio texto ni para procesos electorales.

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