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Gerardo Gámez. Abogado y Presidente de la Comisión Jurídica y de Normatividad de la Coparmex CDMX / Columna invitada
Recursos de Partidos Políticos a damnificados

Los sismos acaecidos los pasados 7 y 19 de septiembre, causantes de más de 300 decesos y de una gran afectación del patrimonio de muchas personas, tanto en la Ciudad de México como en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Guerrero, han derivado en una manifestación incesante por parte de los Ciudadanos, manifestada en redes sociales y otros medios de comunicación, a través de los cuales exigen a los partidos políticos utilizar los recursos públicos que les fueron otorgados conforme al marco institucional (Constitución, Leyes electorales y demás normativas) en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de modificar su destino utilizarlo para la constitución de un fondo para ayuda a los damnificados. La citada exigencia ha generado diversas opiniones en pro y en contra, así como incertidumbre jurídica respecto a su viabilidad, por lo cual quiero plasmar una opinión desde el punto de vista estrictamente legal, que algunos colegas abogados pueden o no compartir, en el sentido de que no es legalmente viable que los partidos políticos donen recursos o los destinen mediante convenios para apoyo a esta causa; sostengo mi dicho con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que rigen el sistema electoral de nuestro país, como a continuación se expresa.

En términos de lo establecido por la Carta Fundamental, el artículo 41 de la misma cita:

Artículo 41 Constitucional estable que:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público;
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

Así pues, los subsecuentes incisos de esta fracción II, establece la forma de cómo se entregarán los recursos a los partidos políticos y porcentajes; el procedimiento
para destinar éstos, lo establece entre otras disposiciones la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 229, 230 y 243, así como el Reglamento de Fiscalización del INE.

Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales.

“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.
3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial, y
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte”.

De las cita de los artículos anteriores, se desprende la Ley no contempla como destino para el ejercicio de recursos públicos correspondientes a los Partidos Políticos la entrega de donaciones o la celebración de Convenios para fines diversos a los que se establecen expresamente en el Sistema Jurídico Electoral; es derivado de lo anterior que los partidos políticos y el INE no cuentan jurídicamente con un sustento legal que les permitan como institución realizar dichas acciones con recursos provenientes del Presupuesto Público.

En esos términos, diversos Partidos Políticos manifiestan estar en busca de los recursos jurídicos para este fin, por Ejemplo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone que el Congreso de la Unión emita un Decreto de Emergencia por el que suspenden la aplicación, hasta el primero de enero de 2019, de las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de gasto y financiamiento público, para que los partidos reciban el 15 por ciento de financiamiento de gasto ordinario y actividades específicas y, por otro lado, para gastos de campaña para la elección de 2018, únicamente el 50% del monto que determine la autoridad electoral respectiva. Sobre ello, y atendiendo a la jerarquía de las normas establecidas en nuestra Carta Fundamental, es cuestionable que un Decreto emitido por el Congreso de la Unión se constituya como un instrumento legal superior a las leyes y mucho menos a la Constitución General.

Por su parte, El Consejero Presidente del Consejo General del INE, señaló que sí existen mecanismos Jurídicos Viables para destinar recursos que les corresponden a los Partidos Políticos a los fines de apoyo a damnificados del sismo, proponiendo que los recursos que se entregan mes con mes, es decir, recursos que aún no se han entregado a los partidos, éstos renuncien a recibirlos y por lo tanto, el INE regrese dichos recursos a la Federación a través de la SHCP para que a su vez esta Dependencia, destine el dinero para apoyo de los damnificados, situación que en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás ordenamientos presupuestarios podría ser viable.

No obstante los esfuerzos para encontrar las vías legales, y poder canalizar recursos que le corresponden a los Partidos Políticos Constitucional y legalmente a los Ciudadanos que resultaron damnificados el pasado 19 de septiembre, hasta hoy, nadie se ha pronunciado en una reforma a la Constitución y Leyes Electorales, por lo que propongo a la Ciudadanía que se exija una propuesta de Reforma Constitucional al Poder Legislativo, así como al paquete de Leyes electorales, de manera razonada y responsable, para que no solo en casos de emergencia o desgracia se vean obligados los Partidos a renunciar de los recursos, sino que se establezca la fórmula para disminuir el presupuesto de forma permanente destinado para el rubro de “campañas políticas”.

Considero que hoy es el momento para que los Ciudadanos ejerzamos la soberanía plasmada en la Constitución y exigir nuevas reglas electorales con respecto al otorgamiento y destino de los recursos públicos.

Cabe advertir, que sería conveniente establecer mecanismos que permitan evaluar la eficiencia de las reformas constitucionales y legales en materia política que dan sustento al financiamiento de los partidos políticos, ya que conforme al artículo 134 de la Constitución el destino y ejercicio de los recursos públicos debe destinarse de acuerdo al cumplimiento de objetivos y metas. Sería necesario que la evaluación sugerida no se circunscriba a señalar la aplicación de los recursos, sino que profundice en el tema de cuál ha sido el efecto positivo que la aplicación del mismo ha generado en el ejercicio de la democracia en el país.