La advertencia del presidente Donald Trump acerca de que este iba a ser “un cierre de gobierno muy largo” si el Congreso le negaba cinco mil 700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur del país, es una realidad y hoy suma 29 días.
Este sábado, el cierre parcial del gobierno se convirtió ya en el más largo en la historia del país después del que se registró bajo la administración del expresidente William Clinton, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996 y duró 21 días.
Trump se rehúsa a firmar una ley de presupuesto que excluya fondos por cinco mil 700 millones de dólares para construir la muralla, que ahora acepta que sea de acero y no de concreto, pero que -argumenta- hará de Estados Unidos el país más seguro del mundo.
El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes (cámara baja), cuya Presidencia ostenta Nancy Pelosi, se niega en forma rotunda a aprobar tal partida.
Los demócratas han dicho que aproborán un presupuesto para seguridad, que incluya la última tecnología para la vigilancia en la frontera, pero de ninguna manera para construir la barda, la cual califican como una medida inviable e inmoral.
Mientras Trump insiste en mantener el gobierno cerrado “el tiempo que sea necesario” y los demócratas se niegan a concederle una “victoria política” que le haría cumplir una de sus más sonadas promesas de campaña, el cierre parcial supuso el fin de la financiación para 25 por ciento del gobierno federal.
El impacto va más allá del hecho de que las calles de la capital del país más poderoso del mundo permanezcan silenciosas o los museos y parques cerrados, pues entre los Departamentos o Ministerios federales que se han visto afectados están Seguridad Nacional, Justicia, Vivienda, Agricultura, Comercio, Interior y Tesoro.
La mayoría de los empleados están de licencia, es decir, de baja temporal por la falta de fondos, pero aquellos trabajadores que son considerados esenciales están trabajando sin sueldo y suman unos 800 mil.
En Estados Unidos un presidente opta por el cierre del gobierno debido a una ley conocida como Antideficiency Act, que data de 1884. Aunque el primer cierre tuvo lugar en 1976, solo tuvo efectos prácticos hasta comienzos de la década de 1980 y desde entonces han ocurrido 21 cierres.
Esta ley impide que las agencias federales funcionen en ausencia de una aprobación presupuestal por parte del Congreso, con el fin de evitar gastos más allá de los fondos asignados.
Asimismo, permite excepciones en el caso de servicios que tienen que ver con la seguridad de la vida humana o la seguridad nacional.
El actual es un cierre parcial porque el Congreso aprobó 70 por ciento del gasto federal y están pendientes los fondos para el Departamento de Estado, Agricultura, Justicia, Transporte, Tesoro, Interior y Seguridad Nacional.
Trump decidió decretar el cierre a partir del 22 de diciembre pasado luego que tras una jornada maratónica de negociaciones bipartidistas, la propuesta para extender cuatro semanas el presupuesto federal en vigor fracasó al no recibir los 60 votos necesarios en el Senado (dominado por los republicanos).
Desde el primer minuto de ese día, muchas agencias federales dejaron de operar, excepto los servicios esenciales, y miles de empleados federales civiles recibieron licencia para ausentarse forzosamente de sus puestos de trabajo.
La mayor parte del personal de los departamentos de Vivienda, Medio Ambiente, Educación y Comercio se fue a sus casas. Cerca de la mitad de los trabajadores del Tesoro, Salud, Defensa y Transporte también están en paro.
En cuanto a la Casa Blanca, por ejemplo, mil 56 trabajadores de la Oficina Ejecutiva del Presidente tienen licencia, mientras que 659, considerados esenciales, continúan trabajando.
En el Departamento de Defensa poco más de 50 por ciento de los empleados no asisten a sus oficinas y algunas operaciones de mantenimiento, entrenamiento e inteligencia se suspendieron temporalmente.
A 29 días de cierre, la economía estadunidense ya sufre estragos. La agencia de medición de riesgo Standard and Poor’s estima las pérdidas en unos seis mil 500 millones de dólares por semana.
El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció el martes pasado que el cierre afectaba la economía más de lo que se había previsto. Según la estimación, en la cuarta semana del cierre, la economía habrá perdido casi medio punto porcentual de crecimiento anual.
No obstante, asegura que la economía tendrá un estímulo apenas se reabra el gobierno.