Alejandro Gertz Manero, candidato para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, se comprometió a impulsar una seguridad ciudadana y una procuración de justicia transparente, que rindan cuentas, trabajen sobre bases técnicas eficientes y revindiquen el papel de las instituciones del Estado mexicano.
Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Gertz Manero destacó que en México se cometen más de 33 millones de delitos al año; menos de dos millones de estos ilícitos son denunciados y de esta cifra, más de 200 mil son consignados. Buena parte obtienen alguna sentencia más o menos razonable.
Es decir que hay “un marco de impunidad” del 99 por ciento en los delitos que se cometen. Esa, agregó, es la realidad en la que se dará el cambio de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General.
Advirtió que hay más de 300 mil averiguaciones y carpetas que están vivas en las estructuras de la actual institución, que son un ejemplo claro e indudable de la injusticia que hay frente a las víctimas y los ofendidos.
También, continuó con su diagnóstico, existen casi cien mil mandamientos, entre órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que no se han cumplido. “En esas circunstancias es en las que se maneja y en las que se trata de obtener una procuración de justicia”, lamentó.
Gertz Manero consideró es necesario un planteamiento para la Fiscalía General “no nada más de buena fe y de voluntad”, sino de lógica jurídica y de capacidad tecnológica y operativa.
“Más del 90 por ciento de las carpetas que se están desahogando en este momento en el país se llevan a cabo en las delegaciones federales, que no tienen control verdadero ni un sistema de evaluación de resultados y que se manejan bajo normas obsoletas”, advirtió.
Subrayó que la función primigenia de la Procuraduría, y ahora de la Fiscalía General, es la defensa del patrimonio, de la estabilidad, de las estructuras e instituciones del gobierno y del Estado mexicano.
Ese es el mundo al que nos vamos a enfrentar con esta nueva ley. Esto nos obliga a tener una posición moderna, eficiente, de rendición de cuentas clara, para que la gente confíe en las instituciones de procuración de justicia, asentó.
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